paises donde no hay extradicion españa Fundamentals Explained
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A pesar de que la negativa de un país a firmar un tratado de extradición puede tener graves consecuencias, hay medidas que se pueden tomar para combatirla.
En el caso de Rusia, su Gobierno no llegó a ratificar el convenio europeo de 1957, firmado en plena Guerra Fría, tras la caída de la Unión Soviética.
La legislación del Estado requirente y la del requerido se han de tener en cuenta, conjuntamente, como complemento general de la regulación propia de los tratados o para establecer el carácter delictivo de los hechos que dan lugar a la obligación de entregar o el carácter militar, en su caso, de tales delitos y, alternativamente, para la apreciación de las causas de extinción de la responsabilidad penal y fijar la competencia jurisdiccional sobre los delitos que motivan la solicitud de extradición si bien en algunos tratados se prevé de modo expreso únicamente la referencia a la competencia del Estado requerido para el conocimiento del delito como foundation de denegación de la extradición demandada.
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Esto significa que si una persona es perseguida por motivos de raza, religión o nacionalidad en un país y huye a otro país, este país no puede solicitar su extradición.
Kamel Nacif, el también llamado “Rey de la mezclilla”, señalado de participar en las torturas a la periodista Lydia Cacho hace quince años, fue ubicado en Líbano, su país de origen y ahora las autoridades mexicanas buscan su extradición, aunque ya se han encontrado con algunos obstáculos que los dejan con pocas opciones.
Los países sin extradición son aquellos que se han negado a firmar tratados de extradición internacionales y los que no tienen leyes nacionales que permitan la extradición. Estos países incluyen:
La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los website buscan.
En este caso, los países afectados tendrían que solicitar la entrega de la persona acusada o condenada a través de canales diplomáticos o mediante la negociación de un tratado de extradición después del hecho.
Sin embargo, “estimamos que resulta necesario realizar la presente reforma sobre lo dispuesto en el artículo 31 constitucional que se refiere a la extradición y no sobre el artworkículo 32, que fue establecido por el Constituyente originario para otro fin”.
Sin acuerdos formales que permitan la entrega de los delincuentes, puede ser más difícil para los países trabajar juntos en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos transnacionales.
El tema de las fuentes de la extradición ha sido tradicionalmente resuelto, al menos por nuestros Tribunales en sede de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional, exigiendo que los requisitos, condiciones y procedimiento de aquélla se regulen exclusivamente por los tratados internacionales y por las leyes de los Estados implicados, tal como resulta en la actualidad del artículo 13 de la Constitución española y artworkículo 1 de nuestra Ley de Extradición Pasiva vigente de 21 de marzo de 1985.
Este procedimiento se basa en tratados internacionales o acuerdos bilaterales entre países que regulan el intercambio de personas acusadas de cometer delitos.
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